Compruebo con una mezcla de estupor y vergüenza social la tendencia que está desarrollándose en países ¿avanzados? y me temo que el nuestro acabe irremediablemente importando; se trata de la vitrificación de ovocitos.
Una de las causas por las que existen más problemas de fertilidad es porque las mujeres, cada vez más, retrasan el momento de ser madres.
¿Por qué se da esta situación? Respuesta sencilla: la mujer se ve obligada a decidir entre la maternidad y su desarrollo profesional.
En muchas ocasiones demoran esa decisión a edades próximas a los 40 o incluso algunos años por encima de esta frontera, esperando haber alcanzado una cierta estabilidad profesional y económica.
Pero la naturaleza es sabia, a partir de cierta edad van mermando seriamente las opciones de tener hijos bien porque no es capaz de producir óvulos o bien porque los que producen no presentan la suficiente calidad.
Es preciso indicar -además- que la calidad del esperma del hombre también disminuye con la edad; la fertilidad a partir de los 40 años es del 60% y se va reduciendo a razón de aproximadamente un 7% cada año. Sin embargo, los hombres no se encuentran ante esa presión que si afecta a las mujeres.
La congelación de óvulos ofrece una alternativa a aquellas mujeres que desean demorar el momento de ser madres. ¿Qué desean? No, denominemos a las cosas por su nombre, a las mujeres que se les insta (cuando no se les obliga) a demorar el momento de la maternidad.
Doble moral
Estamos conociendo como algunas multinacionales del sector tecnológico cuyos nombres me niego a reproducir (si el lector lo desea los encontrará fácilmente en internet) están ayudando a sus empleadas a pagar el coste de congelar sus óvulos y algunas otras están planeando ofrecer presentar una política similar en los próximos años.
Estas empresas presumen de ser las primeras en conceder este beneficio. No seré yo quien critique la actuación de las mujeres ante la tesitura a la que deben enfrentarse ni tampoco es mi pretensión abrir un debate moral, pero en ningún caso consideraría esa actuación como un “beneficio”.
Centrándonos en España, se hace necesario poner de manifiesto el largo camino que nos queda por recorrer en cuanto a medidas de conciliación de la vida personal y familiar, para disminuir de forma considerable la presión a las que se ven abocadas las mujeres para demorar su maternidad.
Estamos hablando de flexibilidad horaria que puede ser en la entrada y la salida, trabajos a tiempo parcial, trabajo compartido entre dos o más empleados, teletrabajo (sobre todo en circunstancias especiales de necesidad), reducción de jornadas (también temporales en caso de enfermedad de un hijo), permisos para cuidados especiales, vacaciones extra no remuneradas, promoción de guarderías y/o escuelas infantiles.
Conciliar la vida laboral, familiar y personal significa encontrar las mejores fórmulas para compaginar, por ejemplo, el horario de trabajo con los requerimientos de nuestra vida personal y nuestras necesidades familiares.
La responsabilidad social de las empresas debe contribuir a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las personas por lo que las medidas expuestas en el párrafo anterior deben ser, en buena parte, impulsadas desde las empresas y organizaciones, pero el legislador tiene –sin duda- una mayor responsabilidad.
Afrontar los problemas
España es uno de los países de la Unión Europea que da menos prestaciones sociales a las familias. Pero es que a ello debemos añadir que en España tenemos un grave problema con la natalidad que se ha ido reduciendo de forma alarmante durante los últimos veinte años.
En 2021 probablemente se produzcan en nuestro país menos nacimientos que decesos y las estadísticas nos auguran de aquí al 2050 una pérdida de población de alrededor de tres millones de personas.
Con la mejora de la alimentación, la calidad de vida, el desarrollo de la medicina, etc., la esperanza de vida se va elevando incrementándose –por tanto- el gasto social (pensiones, sanidad, servicios sociales) al tiempo que merma la natalidad.
A ello debemos añadir que la inmigración y los efectos beneficiosos que conllevaba a nivel de población activa y cotización a la S.S. no sólo se ha detenido, sino que está descendiendo.
Esas circunstancias nos colocan con un grave problema que algunos han denominado el invierno demográfico. Lo cierto es que si no se arbitran medidas correctoras nos abocamos –entre otros problemas de calado- a un déficit de la Seguridad Social.
Sólo entre 2012 y 2017 el denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social perdió 74.437 millones de euros, que fueron utilizados para pago de las pensiones.
En el momento más alto, este fondo, también denominado la hucha de las pensiones, llegó a alcanzar 66.815 millones de euros, a finales del pasado año, 2019, quedaban sólo 2.150 millones.
¿Están nuestros/as políticos/as preparados/as para afrontar este reto con garantías?
Antonio P. Pita Felipe
Director de RRHH, Consultor y Formador
